¿DE QUÉ CLASE ES ESTE ESTADO?

Todo estado es una forma de organización social que ejerce la coerción incluso violenta sobre la voluntad de la ciudadanía. Si se trata de un estado democrático el modo de organización es según lo plasmado en un contrato social que se denomina constitución. Un estado se llama “de derecho” cuando en su seno se respetan los derechos humanos fundamentales y se está bajo el imperio de la ley, lo que no siempre significa que sea democrático. Lo es, democrático, cuando se trata de un estado de derecho en el que hay representatividad e independencia de poderes del estado.

España es un estado de derecho, pero no democrático. La razón es que, si bien respeta los derechos humanos fundamentales (obsérvese en los vídeos, al final, cómo respeta escrupulosamente el derecho de manifestación), los diputados (y senadores) estatales, autonómicos o provinciales no representan a la ciudadanía, sino a los partidos —porque no son elegidos por los ciudadanos en circunscripciones unipersonales, sino que surgen proporcionalmente a los votos de unas listas confeccionada por los jefes de las formaciones políticas, por lo que son incontrolables y ajenos a la voluntad popular—; y porque en el Estado no rige la independencia de poderes —el Legislativo elige al Presidente del Gobierno, siendo él y varios de sus ministros diputados durante la legislatura (¿cabe mayor inseparación?); y el CGPJ y el Tribunal Supremo son elegidos mediante cuotas partidarias—. Ambas cosas son conocidas por la ciudadanía medianamente consciente, que sabe que ello induce y provoca inexorablemente la corrupción desenfrenada del poder político; y también sabe que su derechos democráticos de ciudadanía son vulnerados por el Estado de forma flagrante y reiterada, porque tales vulneraciones quedarán siempre impunes.

La consecuencia es que el Estado, al no representar a la ciudadanía y no poder ser fiscalizado por ésta, se entrega al lucrativo servicio de los intereses de las oligarquías y de los poderes fácticos, y a la corrupción personal. Los dueños verdaderos del Estado son, entonces, el poder eclesiástico, el poder de los grandes clanes familiares, el poder mediático —diarios y televisión— y el poder financiero, que ordena y manda a través de los partidos políticos, a los que financia a fondo perdido, aprovechándose de que se trata de pésimos gestores, no sólo del poder político, sino hasta del mucho dinero que el Estado les regala. Todo ello es sabido y ha quedado archidemostrado por los innúmeros casos de desvergonzadas malversaciones, prevaricaciones y escándalos en los que participa el personal del mundo político.

En el caso de España, para más INRI, el Estado Autonómico español es un invento perverso creado por los Padres de la Constitución para asegurarle a los partidos el disfrute del poder incluso cuando están en la oposición. Tiene para ello diversos niveles fundamentales: estatal, autonómico y municipal, aunque dependiente de éste último hayan quedado en herencia las persistentes diputaciones provinciales franquistas. En resumen, se trata de un Estado ineficaz, insolidario y excesivo que consume la mitad del producto interior bruto de la nación y es un totum revolutum, una olla podrida, en que medran los ladrones pertinaces y los vacantes okupas permanentes de cargos públicos.

La consecuencia de todo lo anterior es ahora mismo que, al destaparse la feroz crisis financiera internacional, en la que la banca española está implicada hasta las cachas (Lehmann Bros., Madoff, Banif, Botín), el Estado ha actuado del peor modo posible, protegiendo a los poderosos y abandonando a los débiles: endeudándose en nombre de los débiles para regalar una fortuna a los poderosos; y persiguiendo impositivamente a los débiles mientras condona verdaderas fortunas a los poderosos (sentencia Gómez-Bermúdez en el caso Botín, por fraude de 4.500 millones de pesetas a la Hacienda Pública).

Un Estado democrático que pensase exclusivamente en los intereses colectivos de sus administrados hubiera permitido que cualquier banco privado se hundiera en la mierda, si no había hecho bien las cosas; y, en vez de regalarle dinero para reflotar las consecuencias de sus corruptelas, habría nacionalizado, nada más despuntar la crisis, todas las cajas de ahorros, que ya son entidades de utilidad pública, cuyas oficinas habrían pasado a ser sucursales del Banco de España; y habría puesto a disposición de particulares y empresarios toda la fuerza financiera del Estado y de la Deuda Pública para mantener la economía del país viva y feraz. O sea, lo contrario de lo que ha perpetrado.

Pero, a pesar de las prebendas que les depara el Estado de poder único, omnímodo e impune, de todo este sindiós que ha montado esta banda de delincuentes encorbatados pende un problema para ellos: este Estado puede que sea legal, pero no es legítimo, porque es manifiestamente injusto. Y ante un poder ilegítimo la rebeldía fiscal, la desobediencia civil y hasta la revuelta violenta son derechos inalienables de la ciudadanía. Es así, y el Estado corrupto lo sabe. Y por eso ejemplariza con descargas policiales injustificadas y desproporcionadas contra unos estudiantes que se manifiestan en contra de una ley educativa que, mayoritariamente, les parece lesiva para sus intereses. Y ejemplifica golpeando a transeúntes a sabiendas de que nada tienen que ver con la manifestación contra en Plan Bolonia: matrimonios que pasaban viendo escaparates o sus hijos, tan jóvenes, que nada podría hacer pensar que se trata de universitarios. Se trata de un acto de premeditada intimidación colectiva del Estado a la ciudadanía que pastorea y esquilma: “Si chistáis os vamos a romper la crisma. Quedáis advertidos”.

La España actual es un test para la banca internacional. Si no acaba habiendo muertos, es que todo esquilamiento es posible si el cordero está suficientemente endeudado y adormecido por los video juegos y la televisión. ¡Que Dios bendiga entonces Jerusalén, la nueva capital del Imperio!

MESS

VÍDEOS:  Se ha golpeado indiscriminadamente a los transeúntes, incluso niños o turistas. Sin embargo, desvergonzado, el Presidente del Colegio de Periodistas catalán sólo ha protestado por las palizas de los mossos a treinta reporteros en el ejercicio de sus funciones. La ciudadanía le ha importado una mierda, por supuesto. ¡Pero es que a ellos no, no se les puede pegar, porque los periodistas, forman parte del Poder (el Cuarto), como siempre hemos mantenido!

Saura no está contento, porque ha habido más de ochenta heridos. El Cap dels Mossos d’Esquadra —¡menuda rata de cloaca!— revisará los procedimientos para que los periodistas no reciban hostias de los anti-disturbios en el futuro… Los demás (o sea, tú, tu mujer, tus hijos, si les pilla cerca) sí, por supuesto.

Contra esta gentuza, para la cual la dignidad y los derechos humanos no existen, ya todo vale.

Fuente: ácratas